El Giro Radical en Venezuela

Tras la intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, que resultó en la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, Venezuela atraviesa semanas de extrema incertidumbre política, reestructuración económica y una tensa normalización de servicios.

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de América Latina. En una operación relámpago denominada "Operación Lanza del Sur", fuerzas de élite de Estados Unidos (Delta Force) incursionaron en Caracas, capturando a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el complejo militar de Fuerte Tiuna.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la noticia pocas horas después, asegurando que el objetivo era poner fin a lo que denominó una "amenaza a la seguridad nacional y al flujo energético del hemisferio".

Actualmente, a finales de enero, la situación es un rompecabezas de alta tensión. Mientras Maduro permanece bajo custodia en una prisión federal de Manhattan enfrentando cargos por narcotráfico, en Caracas la estructura del chavismo intenta reorganizarse. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada en un intento por mantener la cohesión institucional, aunque su gobierno opera en un escenario de soberanía limitada. Por su parte, la Casa Blanca ha comenzado a ejecutar su plan de control energético: el 14 de enero se anunció la venta del primer cargamento de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense por un valor de 500 millones de dólares, destinados teóricamente a un fondo de ayuda humanitaria y reconstrucción.

El impacto regional ha sido divisivo. Países como Colombia y Brasil han expresado su profunda preocupación por la violación del derecho internacional y el precedente de la intervención militar directa, mientras que sectores de la oposición venezolana se encuentran fracturados entre el alivio por el cambio de régimen y el temor a una ocupación prolongada. Trump ha sido claro en sus últimas declaraciones desde Florida: "Estados Unidos gestionará la riqueza petrolera de Venezuela hasta que se garantice una transición segura", una postura que ha generado críticas incluso dentro del Congreso estadounidense por las implicaciones éticas y legales de administrar los recursos de otra nación.